La
ciudad de Salta sufre silenciosamente uno de los ataques más intensos que se
recuerden a sus señas fundamentales de identidad. La especulación urbanística ha alcanzado
dimensiones preocupantes no sólo por su impacto en el paisaje y la fisonomía de
la ciudad sino, y sobre todo, por las profundas consecuencias de carácter
social que el modelo actual de crecimiento urbano generará en el futuro.
La
política urbanística vigente se limita a primar el beneficio económico
desmesurado y cortoplacista de quienes promueven la construcción. Nada parece importarle la calidad de vida de
los habitantes actuales y mucho menos la de los futuros que tendrán que pagar
las consecuencias de este modelo de crecimiento erróneo como demuestra la
experiencia de otros países que se vieron tentados por la misma senda.
Nuestras
autoridades municipales, lejos de defender los intereses de los ciudadanos se
han posicionado a favor de las empresas constructoras convirtiéndose, de facto,
en meros portavoces de sus negocios.
El
Edificio Hispana es sólo un ejemplo más de las agresiones urbanísticas que se
producen en la ciudad de Salta. De algún modo ejemplifica hasta dónde es capaz
de llegar la cultura del hormigón cuando se trata de proteger un modelo de urbanismo
al que le resulta por completo indiferente cualquier variable que no esté
vinculada a sus cifras de rentabilidad.
Al
comenzar las obras en la calle España 1172, los vecinos se dirigieron a la
municipalidad de Salta solicitando la aclaración de algunas dudas legítimas
respecto a un proyecto que tendría un impacto relevante en su calidad de vida. Entre
otras cosas se solicitó información sobre el impacto de un edificio de ocho
plantas en el suministro de agua y en las cloacas. También se preguntó, si el
proyecto cumplía la exigencia de dotar el edificio de plazas suficientes de
garajes.
La
única respuesta que han obtenido hasta la fecha se limita a la citación
judicial promovida por los promotores inmobiliarios contra 29 de los vecinos
del área afectada. Resulta, cuando
menos, cuestionable el silencio de nuestros representantes en temas tan
sensibles. Pero lo que desde todo punto
de vista es inadmisible es la coacción
ejercida por una empresa privada a un grupo de ciudadanos cuyo único
interés es garantizar que se escuchen sus inquietudes.
Un
edificio de 27 metros de alto en una superficie de 252 metros cuadrados resulta
desmesurado. Lamentablemente para los constructores nadie nos impedirá
subrayarlo cuantas veces creamos oportunas.
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